INCAPACIDAD TEMPORAL

Impugnación de altas médicas y otras decisiones sobre IT. Revisión de altas médicas expedidas por las entidades colaboradoras Las mutuas y las empresas colaboradoras, a través de sus servicios médicos, pueden acordar el alta médica en los procesos de IT por contingencias profesionales antes del agotamiento del plazo de 365 días. Contra este tipo de decisiones los interesados pueden iniciar el procedimiento de revisión establecido en el  art.4 del RD 1430/2009, de 11 de septiembre (aprobado al amparo de la  DA 19ª  Ley 40/2007). La solicitud de revisión debe presentarse ante la entidad gestora competente dentro del plazo de diez días hábiles siguientes al de la notificación del parte de alta, expresando los motivos de disconformidad y aportando el historial médico o, en su caso, copia de su solicitud a la entidad colaboradora. El mismo día de la presentación de la solicitud o al día siguiente hábil, el interesado deberá ponerlo en conocimiento de la empresa. El procedimiento tiene carácter preferente, para que se dicte resolución en el menor tiempo posible. La entidad gestora debe comunicarlo a la entidad colaboradora para que remita los antecedentes relacionados con el proceso y aporte informe de las causas de alta, en el plazo improrrogable de cuatro días hábiles, Procederá el archivo del procedimiento sin más trámites si a la vista de esos trámites la mutua reconoce la improcedencia del alta médica, de lo cual habrá de darse comunicación a la empresa en el plazo de dos días hábiles siguientes. La resolución del procedimiento debe dictarse en el plazo máximo de quince días a contar desde la recepción de la documentación emitida por la entidad colaboradora, previo informe del equipo de valoración de incapacidades. El procedimiento puede concluir con confirmación del alta médica (con extinción de la situación de IT) o la declaración de pérdida de efecto del alta médica por falta de curación (con continuidad de la IT). Durante el procedimiento tiene lugar la suspensión de efectos del parte de alta médica, con prórroga de la situación de IT y abono de la prestación, sin perjuicio de que en caso de confirmación del alta médica o de fijación de una nueva fecha de alta resulten indebidas las prestaciones que indebidamente se hubieran percibido desde ese momento. Las prestaciones por IT que se abonen durante el transcurso del procedimiento son incompatibles con las rentas derivadas de la actividad profesional. En caso de recuperación de la capacidad laboral durante el procedimiento, la entidad gestora debe dejar sin efecto el alta médica por considerarla prematura, y debe determinar una nueva fecha de alta y de extinción de la IT ajustada al momento de la curación; se considerarán indebidamente percibidas las prestaciones que se hubieren abonado al interesado a partir de esta nueva fecha. Si a raíz del alta médica emitida por la entidad colaboradora por contingencias profesionales, el interesado pidiera y obtuviera nueva baja por contingencias comunes por parte de los servicios públicos de salud (de lo que deberá informar a su empresa), la entidad gestora que resuelva el procedimiento de revisión debe determinar la contingencia causante y fijar los efectos que correspondan al proceso de IT. Si a raíz de la solicitud del trabajador el servicio público de salud conociese la existencia de un proceso previo de IT por contingencias profesionales en el que se hubiera emitido alta médica, deberá informar al interesado de la posibilidad de acudir al procedimiento especial de revisión, y deberá informar a la entidad gestora de la existencia de estos distintos procesos por IT. A resultas del procedimiento, entre la entidad colaboradora y la entidad gestora deberán realizarse las oportunas compensaciones por las prestaciones abonadas. En caso de agotamiento del plazo máximo de 365 días de duración de la prestación de IT durante el desarrollo del procedimiento, la entidad gestora podrá adoptar las decisiones previstas en el  art. 170.2   a) LGSS. Las comunicaciones previstas a lo largo del procedimiento se realizarán preferentemente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.  Disconformidad con el alta médica emitida por la entidad gestora Frente a las resoluciones del INSS o del ISM que declaren la extinción de la IT por alta médica tras el agotamiento del plazo máximo inicial de 365 días de la IT, el trabajador puede utilizar el procedimiento de impugnación administrativa por disconformidad previsto en el  art. 170.2  LGSS y desarrollado por el  art. 3 del RD 1430/2009. Tal disconformidad debe formularse en el modelo aprobado por dicha entidad gestora y debe presentarse, en el plazo máximo de cuatro días naturales siguientes a la notificación de la resolución de alta médica, ante la inspección médica del correspondiente servicio público de salud o ante cualquiera de los órganos señalados en el  art. 16.4   Ley 39/2015, LPACAP. El interesado debe comunicar a la empresa tal circunstancia, el mismo día de la presentación de la disconformidad o al día siguiente hábil. A resultas del procedimiento pueden darse las siguientes posibilidades:
  1. a) Confirmación expresade la decisión por el servicio público de salud, en cuyo caso el alta médica produce plenos efectos, aunque la IT se considera prorrogada hasta esa fecha.
  2. b) Discrepanciacon el criterio de la entidad gestora, en cuyo caso tiene la facultad de proponer en el plazo máximo de siete días naturales su «reconsideración», especificando razones y fundamentos y con comunicación al interesado; si la discrepancia es aceptada por el INSS, se prorroga la situación de IT, y si la entidad gestora se reafirma en su decisión anterior, para lo cual deberá aportar pruebas complementarias que la fundamenten, la IT sólo se mantiene hasta esta última resolución.
  3. c) Falta de pronunciamiento expresopor parte del servicio público de salud, en cuyo caso al cabo de once días naturales se entiende confirmada la decisión cuestionada.
La entidad gestora y los servicios públicos de salud deberán comunicarse recíprocamente el inicio del procedimiento de disconformidad así como las decisiones que se adopten a lo largo del mismo, del mismo modo que la entidad gestora debe comunicar a la empresa en la mayor brevedad posible todas las decisiones que afecten a la duración de la situación de IT, todo ello, preferentemente, por vía electrónica, informática o telemática. Durante el desarrollo del procedimiento se considera prorrogada la situación de IT (  art. 170.2 LGSS). Impugnación jurisdiccional de las decisiones de alta médica En términos generales, las decisiones que adopten las entidades gestoras, las entidades colaboradoras y las empresas a lo largo del proceso de IT pueden ser objeto de impugnación ante la jurisdicción social , en su caso tras el agotamiento de la vía administrativa previa ( arts. 2 o)   ,  71   y ( 140   y sig. LJS). Pueden ser impugnadas, en particular, las resoluciones y decisiones de alta médica. Para formular demanda judicial contra este tipo de resoluciones o decisiones, ha de procederse como regla general a la interposición de reclamación previa ante la entidad gestora en el plazo de once días desde la notificación de la resolución, pero se exceptúa la impugnación de las resoluciones administrativas expresas en las que se acuerda el alta médica emitidas por los órganos competentes de las entidades gestoras de la seguridad social tras el agotamiento del plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días de la prestación de incapacidad temporal ( art. 71.1 y 2   LJS). Por otra parte, las resoluciones que dicten las entidades gestoras a raíz del procedimiento de revisión de las decisiones de alta médica emitidas por las entidades y empresas colaboradoras, tienen los efectos atribuidos a las resoluciones de las reclamaciones previas a efectos de impugnación judicial ( art.4.12   RD 1430/2009). Los interesados cuentan con un plazo de veinte días para interponer demanda judicial , a contar o bien desde la notificación de la resolución denegatoria de la reclamación previa , cuando sea preceptiva, o bien desde la adquisición de plenos efectos del alta médica o desde la notificación del alta definitiva, cuando se hubiera utilizado previamente el procedimiento de revisión o disconformidad ( arts. 71. 1 y 6   y  140.1   LJS). En principio, la demanda judicial se dirige exclusivamente contra la instancia responsable de la decisión de alta médica (entidad gestora, mutua o empresa colaboradora, según los casos), pero debe demandarse también al servicio público de salud cuando se impugnen altas emitida por sus servicios médicos, y a la empresa cuando se cuestione la contingencia determinante de la IT ( art. 140.3   LJS). No cabe acumulación de otras acciones, ni siquiera la reclamación de diferencias en la prestación económica por IT. El proceso es urgente y de tramitación preferente. La vista debe celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda, y la sentencia debe dictarse en el plazo de tres días, sin posibilidad de recurso. Téngase en cuenta, en relación con la imposibilidad de interponer recurso de suplicación en estos procesos especiales, que tal prohibición sólo se predica de la impugnación de altas médicas, no así de la impugnación de bajas médicas por las mutuas que gestionen las prestaciones derivadas de contingencias comunes de las que la misma deriva( STS 10-2-2015   [JUR 2015, 65744] ). Sus efectos deben limitarse al alta médica impugnada, y no pueden condicionar la decisión de otros posibles procesos sobre la contingencia, la base reguladora, las prestaciones o cualquier otro extremo de la IT. Si se estimase indebida el alta, la sentencia dispondrá la reposición de la prestación hasta que concurra causa legal de extinción.  

Leer más Sin comentarios

Incapacidad Permanente. Trabajador Autonomo

Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos

La prestación de incapacidad permanente se reconoce en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General de la Seguridad Social, con las particularidades siguientes. Contingencias profesionales (AT y EP): Los trabajadores autónomos podrán acceder a las prestaciones derivadas de estas contingencias, siempre que hayan mejorado voluntariamente la acción protectora incorporando las contingencias por AT y EP, o las tengan cubiertas de forma obligatoria y, además, previa o simultáneamente, hayan optado por acogerse a la cobertura de la prestación por incapacidad temporal.

Concepto de A.T. :  Se considera A.T. el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial. Tienen tal consideración:

  • Los acaecidos en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
  • Las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo, cuando se pruebe la conexión con el trabajo realizado por cuenta propia.
  • Las enfermedades, no consideradas profesionales, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución de aquél.
  • Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
  • Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado al paciente.
No tienen la consideración de Accidente de Trabajo:
  • Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo.
  • Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo.
  • Los que sean debidos a dolo o imprudencia temeraria del trabajador.
En los supuestos de TRADE, se considera AT toda lesión corporal del TRADE que sufra con ocasión o por consecuencia de la actividad profesional, el que sufra al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad o por causa y consecuencia de la misma. Salvo prueba en contrario, se presume que no tiene relación con el trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional de que se trate. Concepto de EP:  Es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia en la actividad, en virtud de la cual, el trabajador está incluido en el campo de aplicación de este régimen especial, provocada por la acción de los elementos y sustancias y en las actividades especificadas en la lista de enfermedades profesionales, con las relaciones de las principales actividades capaces de producirlas, anexa al RD 1299/2006, de 10 de noviembre. Recargo por falta de medidas de prevención de riesgos laborales:  No es aplicable el recargo de las prestaciones económicas en caso de AT y EP. Base reguladora:  Si la incapacidad deriva de contingencias comunes (enfermedad común o accidente no laboral), no existe integración de lagunas, por lo que si en el período tomado en cuenta para efectuar el cálculo apareciesen meses durante los cuales no hubiera habido obligación de cotizar, éstos no se completarán con las bases mínimas vigentes, correspondientes a los trabajadores mayores de 18 años. Si la incapacidad deriva de contingencias profesionales, será equivalente a la base de cotización del trabajador en la fecha del hecho causante. Incapacidad permanente parcial: Si deriva de contingencias comunes, no se protege. Si deriva de contingencias profesionales, si se protege. Se considera incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 50% de su rendimiento normal para dicha profesión sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de aquélla.

Incapacidad permanente total: Porcentaje: La pensión de incapacidad permanente total para la profesión habitual, se incrementará en un 20% de la base reguladora que se tenga en cuenta para determinar la cuantía de la pensión, siempre que el pensionista:

  • Tenga una edad igual o superior a los 55 años. Si el reconocimiento inicial de la pensión se efectúa a una edad inferior, el incremento se aplicará, previa solicitud del interesado, desde el día 1º del mes siguiente a aquél en que el trabajador cumpla los 55 años, siempre que en dicha fecha cumpla los requisitos exigidos en los dos puntos siguientes.Si el derecho al incremento nace en un año natural posterior al del reconocimiento inicial de la pensión, a ésta, incrementada con el 20%, se le aplicarán las revalorizaciones que hubiesen tenido lugar desde la indicada fecha.
  • No ejerza una actividad retribuida, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social. El incremento de la pensión quedará en suspenso durante el período en que el trabajador obtenga un empleo o efectúe una actividad lucrativa por cuenta propia que sea compatible con la pensión de incapacidad permanente total que viniese percibiendo.
  • No ostente la titularidad de una explotación agraria o marítimo-pesquera, o de un establecimiento mercantil o industrial como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.
Indemnización:  La pensión de incapacidad permanente total, podrá ser sustituida por una cantidad a tanto alzado:
  • Si deriva de contingencias comunes, equivalente a 40 mensualidades de la base reguladora de estas contingencias, siempre que el interesado ejerza esta opción dentro de los 30 días siguientes a la declaración de incapacidad. Se entenderá efectuada la opción en favor de la pensión vitalicia, cuando el trabajador tuviera cumplida la edad de 60 años en la fecha en que se entienda causada la prestación.
  • Si deriva de contingencias profesionales, equivalente a 40 mensualidades de la base de cotización del trabajador en la fecha del hecho causante de la prestación.

Leer más Sin comentarios

Despidos en los que la empresa sale mal parada

DIARIO EXPANSION
LABORAL

Despidos en los que la empresa sale mal parada

Diferentes aspectos legales o errores por parte de la compañía pueden provocar que un despido que parece justificado acabe con una elevada indemnización o se declare nulo o improcedente.

Hay despidos que se complican. Incluso cuando parece que existen sobradas razones que justifican prescindir de un trabajador, puede haber resquicios legales que inclinan la balanza del lado del empleado. Es el caso, por ejemplo, de un trabajador que fue despedido por sabotear una base de datos de la empresa con un código malicioso -en términos informáticos, una bomba lógica- que provocaba que, si se abría la base de datos a partir de una determinada fecha, en este caso, un año más tarde, se borraran todas las tablas de datos, formularios, consultas y rutinas de programación. Aunque el despido fue declarado procedente, la empresa ha sido condenada a pagarle una indemnización de 175.000 euros porque, previamente, el trabajador había solicitado la extinción voluntaria del contrato laboral por incumplimiento por parte de la empresa. Concretamente, acusaba a la compañía, una gran farmacéutica, de falta de ocupación efectiva cuando se reincorporó tras varias bajas laborales por enfermedad. El trabajador acumuló ambas cuestiones en la vía laboral y, finalmente, el Tribunal Supremo, en sentencia del pasado 15 de noviembre, declaró que, como la base de todo el conflicto está en el incumplimiento empresarial, la compañía debe abonarle la indemnización por no asignarle tareas ni facilitarte una formación específica.

Ausencias continuas

Otro caso curioso es el de una empleada de una empresa pública que se ausentaba continuamente de su puesto de trabajo para asistir a plenos del ayuntamiento o celebrar bodas en su condición de concejal. Para justificar el despido, el ente público alegó faltas de asistencia al trabajo que superaban el 20% de las jornadas hábiles. Lo que hizo fue contabilizar todos los minutos que la trabajadora se había ausentado de su puesto de trabajo, sumándolos y calculando a cuántas jornadas laborales completas equivaldría. Según estos cálculos, en un año llegó a ausentarse más de 29 días laborales (un total de 13.154 minutos). La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha estudiado el caso rechaza este planteamiento afirmando que los límites legales de absentismo laboral que justifican la extinción del contrato de trabajo sólo pueden ser computados por jornadas completas y no por minutos dentro de éstas. Además, la sentencia puntualiza que la trabajadora se ausentaba para cumplir un deber público y la empresa no había puesto ninguna objeción al desempeño de su cargo como concejal durante siete años, por lo que se entiende que existía una tolerancia empresarial hacia tal circunstancia. Especialmente llamativo fue el caso de un cartero al que su ludopatía le salvó de un despido. En este caso, fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha el que declaró improcedente el despido del trabajador que retenía envíos postales de tarjetas bancarias de clientes. El tribunal consideró que, aunque los hechos eran graves, la sanción disciplinaria impuesta por la empresa no podía conllevar el despido, ya que su trastorno ludópata impide que se le pueda atribuir la culpabilidad por sus actos. La Justicia también declaró improcedente el despido de una teleoperadora con una grave pérdida auditiva que le impedía utilizar los cascos, elemento necesario para el desempeño de su trabajo. La sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señalaba que correspondía al empresario acreditar la imposibilidad de adaptar o adecuar el puesto de trabajo a las circunstancias concurrentes tras la declaración de no apta de la empleada como teleoperadora. De hecho, en este caso, se daba la circunstancia de que la trabajadora ya había solicitado el cambio a un puesto en el que se hicieran tareas administrativas o de back office.

Entrada en prisión

También surgen problemas cuando un trabajador entra en prisión. El juzgado de lo social número 33 de Madrid declaró nulo el despido de un expresidiario al que la empresa se negó a reincorporar tras cumplir su pena. En este caso, el error de la empresa fue no alegar como motivo del cese las ausencias del empleado al ingresar en la cárcel. El Tribunal Supremo ha reconocido que, aunque la condena penal no es por sí misma causa de despido, el trabajador sí sería responsable de la ausencia al trabajo mientras está en prisión.

Cuándo tiene razón el trabajor

  • El TSJ de País Vasco declaró improcedente el despido de una trabajadora que no se reincorporó tras una excedencia. Solicitó una prórroga, pero no se la concedieron y al no acudir a trabajar cuando le correspondía fue despedida. La sentencia señaló que la inasistencia prolongada al lugar de trabajo no equivalía mecánicamente a una extinción laboral por dimisión.
  • Una directora de recursos humanos fue despedida por irregularidades en costes de formación subvencionados y por contratar de forma fraudulenta los servicios profesionales de la empresa de su pareja sentimental. Sin embargo, el TSJ de Aragón declaró nulo el despido y obligó a readmitirla por considerar que los hechos eran consentidos y de sobra conocidos en la empresa.
  • El TSJ de Castilla-La Mancha declaró improcedente el despido de un comercial que engañaba a la empresa, haciendo creer que realizaba una serie de visitas a clientes, cuando no era así. El tribunal invalidó las pruebas obtenidas a través de la localización por GPS del móvil de empresa que tenía asignado, al considerar que la recogida de datos vulneraba derechos fundamentales.

Leer más Sin comentarios

La Inspección de Trabajo ha intensificado el control sobre las horas extra y el registro de jornada en las empresas

DIARIO CINCO DÍAS.

MERCADO LABORAL

Multas a las empresas que no registren la jornada a diario

  • La Inspección de Trabajo ha intensificado el control sobre las horas extra y el registro de jornada en las empresas
  • Las infracciones suponen multas que van de 60 a 187.515 euros
8
Imprimir
Consecuencias del incumplimiento en materia de registro de jornada
(Belén Trincado)
El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 35.5 obliga a las empresas a registrar la jornada día a día pero solo para los empleados a tiempo completo y, lo más importante, “a efectos del cómputo de horas extras”. Por ello, hasta hace poco, si el trabajador no hacía horas extraordinarias, la empresa no estaba obligada a computar la jornada diaria de dicho empleado. Sin embargo, en el último año se han producido tres sentencias de la Audiencia Nacional –del 4 de diciembre de 2015 (caso Bankia); del 19 de febrero de 2016 (caso Abanca) y del 5 de mayo de 2016 (caso Banco Sabadell)– que indican que las empresas están obligadas a registrar la jornada diaria de sus trabajadores siempre, aunque no se realicen horas extraordinarias. La justificación del tribunal es que dicho registro diario es un requisito imprescindible para controlar los excesos de jornada. Tras estos pronunciamientos de la Audiencia Nacional, la Inspección de Trabajo los hizo suyos y dictó en marzo pasado una Instrucción en la que pidió a sus efectivos que “intensificaran el control del cumplimiento de la normativa del tiempo de trabajo”. Desde entonces, se está registrando un creciente temor de las empresas a recibir una visita de la Inspección por esta materia, ya que se enfrentan a sanciones por infracciones que van desde los 60 a los 187.515 euros, según la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (Lisos). Por ello, en los últimos nueve meses cuando los inspectores vistan las empresas para controlar esta materia vigilan cuatro cuestiones: comprueban si se hacen horas extra y si estas superan o no el límite legal (80 horas al año);su remuneración y cotización; el registro de jornada por parte de la empresa;y los representantes de los trabajadores están siendo informados de la realización de dichas horas extraordinarias. Precisamente, el registro diario de la jornada, que hasta ahora no se exigía, está siendo la cuestión que más ampollas está levantando entre las empresas inspeccionadas. En un reciente encuentro entre laboralistas y representantes de recursos humanos de importantes empresas organizado por la Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, los participantes pusieron de manifiesto numerosas dudas sobre qué es lo que se debe registrar, cómo hacerlo y qué es exigible por la Inspección en esta materia. Según el socio de Laboral de Cuatrecasas, Ignacio Jabato, tomando como referencia la instrucción de la Inspección, “el registro de la jornada es obligatorio incluso cuando no se realicen horas extra en la empresa”. Y, además de ser diario, el registro “deberá incluir el horario completo de entrada y salida, una vez que se ha concluido la jornada (ex post, no ex ante), explica este laboralista. Es más, la comprobación de la existencia de este registro diario deberá poder realizarse en el centro de trabajo, “para evitar su manipulación posterior”, precisa Jabato. Por todo ello, desde Cuatrecasas aconsejan a las empresas que lleven a cabo estos registros diarios, con el modelo o tipo de registro que ellas elijan libremente (manuales, electrónicos o informáticos), algo que sí permite la Inspección, entre otras cosas porque no está regulado. Las empresas a las que la Inspección detecte irregularidades en esta materia se enfrentan a multas de entre 60 y 625 euros si, por ejemplo, cometen fallos formales en el registro de la jornada diaria y pueden llegar hasta 6.250 euros por la ausencia de dicho registro. Si no se comunican a la representación de los trabajadores las horas extraordinarias, la multa puede ir de 625 a 6.250 euros. Con las mismas cuantías están penadas la superación de los límites previstos de horas extraordinarias o no consignar en el recibo de salarios las cantidades por horas extras realmente abonadas. Pero las multas más altas, de hasta 187.551 euros son para los casos de impagos y retrasos reiterados en el pago de horas extra o si se enmascaran dichas horas en otros conceptos salariales que generan mayores prestaciones. No obstante, y a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta situación, Jabato recomienda que «se valore detenidamente cada caso concreto, para implementar las medidas necesarias en cada empresa para cumplir con las exigencias legales y jurisprudenciales» y evitar así cualquier posible sanción.

Leer más Sin comentarios